El Poder Ejecutivo acusó penalmente al magistrado Luis Armella y pidió al Consejo de la Magistratura la remoción de su cargo por presuntos delitos de estafas y violación de los deberes de funcionario público. El juez Armella es acusado por el "posible" incurrimiento de ilícitos en su función de ejecutar la sentencia de la Corte Suprema que dispone el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. En concreto, se lo acusa de vincularse con un grupo de empresas que consiguieron contratos millonarios sin licitación alguna.
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